Los mineros chilenos se sienten molestos con su gobierno: “Tendría que uno de nosotros estar muerto para tener justicia”

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En unas declaraciones a la BBC Mundo el minero Mario Sepúlveda dijo “Somos humildes, no tontos”, tras la decisión de la justicia de cerrar la investigación sin procesados. “Uno de nosotros tendría que estar muerto o demasiado herido para tener justicia”. Del otro lado del teléfono, la voz de Mario Sepúlveda se escucha, una cargada molestia e impotencia. Su hablar es lento, pero fuerte.

Mario Sepúlveda es uno de los 33 mineros que en 2010 estuvieron atrapados durante 70 días bajo tierra, tras un derrumbe en la mina San José, en Copiapó, al norte de Chile. Mario es también el más extrovertido y alegre. Conocido como “Súper Mario” después del rescate, fue uno de los líderes reconocido por sus compañeros y una figura que fue clave a la hora de mantener el temple para lograr que los 33 salieran prácticamente ilesos de la hazaña. Pero hoy a Mario se le acabó la alegría, dice. Ya que la decisión del Ministerio Público chileno de cerrar la investigación por el derrumbe de la mina San José, que en 2010 dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad durante 70 días, sin presentar ninguna acusación contra algún presunto responsable que ha generado la indignación y sorpresa de cada uno de los mineros.

La noticia es que la decisión de la Fiscalía, fue tomada el 22 de julio pero sólo fue dada a conocer el pasado miércoles. “Nos enteramos por la prensa”, dice Sepúlveda.

El fiscal regional de Atacama Héctor Mella Farías informó que en una conferencia de prensa, tras tres años de investigación, no habría elementos inculpatorios suficientes contra los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny ni contra el Servicio Nacional de Geología y Minería, la entidad fiscalizadora. “No existe una fuerte convicción para formular una acusación con respecto a los hechos que se habrían investigado”, afirmó Mella Farías en la conferencia. Sepúlveda reconoce que era difícil que el caso constituyera penas duras para los empresarios.

Su expresión fue: ‘‘Tendría que haber muerto alguien’’

“Conociendo un poquito las leyes, tendría que haber salido un compañero muerto o muy accidentado para que hubieran penas de cárcel”. Sin embargo, al menos esperaban que se presentara una acusación que derivara en un juicio y los hiciera comparecer ante la justicia. “Por la imagen del país, por el respeto que nos tienen otros países, por el cariño que nos tomaron, deberíamos haber dado un ejemplo como castigo a mí me hubiese gustado que se les hubiese quitado la licencia y se le prohibiera a esta gente que nunca más en la vida quedase a cargo de personal”.

La molestia de Mario no es sólo con la justicia chilena, sino también con las autoridades. “Después de habernos hecho personas muy grandes, nos han pagado muy mal”, denuncia. “Mucha gente cree que nosotros somos tontos, pero no lo somos. Solo somos humildes”.

Para Golborne: “Habrían elementos de una culpable negligencia”

Es por esto que los mineros no son los únicos sorprendidos con la decisión. El ex ministro de Minería Laurence Golborne, quien estuvo a cargo del rescate de los mineros, aseguró que considera “lamentable” la decisión de la Fiscalía. “Creo que es posible configurar algunos elementos de alguna negligencia culpable en este caso, pero aparentemente el fiscal no lo ha considerado así”. Esta “negligencia culpable” radicaría en el caso omiso que hicieron los responsables de la mina de los requerimientos básicos, lo cual tampoco habría sido fiscalizado acuciosamente por la autoridad.

Según el ex ministro, era obligatorio que la mina tuviera una segunda salida que en el caso de San José era una chimenea de ventilación sin escaleras. Según, desde el punto de vista de fiscalización, en el año 2007 la mina se habría clausurado por un accidente por una serie de condiciones establecidas, entre ellas convertir la chimenea en una segunda salida, con escaleras, cosa que nunca ocurrió. “Se dio un permiso de operación el año 2008-2009 sin que se haya cumplido ese requerimiento y esa es una situación realmente inaceptable. Si la chimenea de ventilación hubiese tenido las escaleras que la normativa contempla, los 33 de Atacama no habrían vivido una experiencia tan traumática como la que les tocó vivir”, lo dijo Golborne.

Otro de los que no oculta su molestia es el senador Alejandro García-Huidobro, quien fue presidente de la comisión investigadora que se formó en el Parlamento chileno después del derrumbe.

“Nosotros le entregamos a la Fiscalía un informe de 222 páginas donde se establece de forma unánime y absolutamente transversal que las responsabilidades recaen en los dueños de la mina y en Sernageomin”. Según el parlamentario, el fiscal a cargo de la investigación “no hizo una investigación seria, ya que un importante número de mineros, que fueron los testigos directos, no fueron llamados a declarar”. “Sin duda el fiscal no hizo su trabajo”, con esto termino García-Huidobro.

¿Qué será lo que vendrá?
Es verdad que la investigación no continuará, tampoco es que la causa haya sido sobreseída. Es decir, la investigación podría ser abierta, a la luz de los nuevos antecedentes. Consultado por la prensa local, el fiscal aseguró: “Siempre que se adopta una decisión de no perseverar existe la opción de abrir [nuevamente] la causa”.

Se intentó conversar con el fiscal Mella, sin embargo no está dando entrevistas, según comentó el equipo de prensa de la Fiscalía Regional de Atacama. “Una de las alternativas es pedir que se reabra la investigación. La otra es que otro fiscal la asuma”, esto dijo García-Huidobro.

Es por esta causa que los 31 mineros que se agruparon para presentar las querellas se reunirán este domingo para evaluar las opciones a seguir. Por ahora, por lo menos Mario Sepúlveda, a través de su abogado, Maximiliano Delgado, le pedirá al tribunal revertir la decisión de la Fiscalía.

Delgado comento que están recopilando antecedentes para solicitar la reapertura de la investigación. Además se reunirá con García-Huidobro para evaluar los antecedentes aportados por el parlamento. “Los 33 mineros han recibido una suerte de abuso. No tienen idea de lo que está pasando”, asegura el abogado. Desde el punto de vista civil, existe también una demanda presentada que sigue su curso

 

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