Amplían a 10 años el vencimiento para requerir beneficios laborales

Empresas peruanas deberán cuidarse de solicitudes en asuntos de despidos sin causa, adulterados o nulos, debido al reciente fallo del Poder Judicial.

La Corte Superior de Justicia de Junín (Csjj) estableció un nuevo vencimiento de prescripción para el reclamo de los beneficios laborales de los trabajadores fijándolo en hasta 10 años luego de un cese del trabajador, en los casos que se originen por despidos incausados, aparentes o nulos, según las aclaraciones fijadas por el Tribunal Constitucional (Tc)

El Tc ya definió en sentencias previas que un despido es aparente cuando el empleador inventa una causa que no existe en los sucesos para cesar a un trabajador. En tanto que un despido es incausado cuando la compañía comunica la terminación de la relación laboral no obstante no precisa el origen que motiva la resolución. Mientras que un despido es nulo cuando se afectan los derechos importantes de los trabajadores, como el debido proceso.

Además, la resolución se aleja del criterio establecido en el Pleno Laboral del 2012 de la Corte Suprema, según el cual para la reposición de un trabajador por despido incausado, incorrecto o nulo, se debería demandar en 30 días naturales (tiempo de caducidad). Peligroso precedente.
La decisión de la Corte de Justicia de Junín crearía una completa inestabilidad, puesto que el empleador deberá cuidarse de una demanda por privilegios laborales y reposición del trabajador,inclusive luego de 10 años que termine el vínculo, advirtió el experto Germán Lora.

En su estimación, el argumento de la corte de Junín está errado, dado que el despido es adulterado, y cuyo mantenimiento es un hecho irreal, ideado o inexistente del empleador, sería una derivación del despido incausado o arbitrario, y por ende se debería acoger, en el peor de los acontecimientos, al plazo de cuatro años de prescripción laboral.

En el riesgo del despido nulo asegurado por el Tc, este se incorporaría a la tipificación que ahora existe en la justicia, por lo que en ese sentido debiera trabajar todavía un tiempo de cuatro años, dijo Lora.

Sin embargo, advirtió que la corte de Junín en su pronunciamiento habría entre mezclado los términos de caducidad y prescripción.

Así, lo correcto hubiera sido asignar la limitación señalada en la legislación laboral para el despido arbitrario, en otras palabras 30 días, dado que cuando se dictó la norma, el Tribunal Constitucional no había estudiado los casos de despido adulterado, nulo e incausado.

 

criterio no puede revertirse”

Germán Lora advirtió que la decisión de la Corte Superior de Justicia de Junín (en segunda instancia) es una decisión firme (en otras palabras, definitiva) que para el suceso concreto no se puede rechazar. Explicó que para acceder una revisión por la Corte Suprema (en otras palabras un recurso de casación) la decisión debía terminar el proceso, y en este hecho no lo hace. La Corte de Junín resuelve el caso de la empresa que había señalado que la solicitud se planteó vencido el período de 30 días para exigir (caducidad).

Sin embargo, la corte dice que no existe tal plazo, y dispone un plazo máximo de prescripción de 10 años.

Por ello, la Corte de Junín obligó al Juzgado (de primera instancia) a permanecer el proceso y pronunciarse sobre el reclamo del trabajador, pese a que ahora habría perdido el derecho al reclamo por la caducidad, dijo Lora.

Agregó que la decisión ocasionaría un aumento en la contribución procesal de los juzgados, que no podrán archivar los casos aplicando el plazo de limitación de 30 días, si el nuevo criterio se generaliza.

 

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